Yeni Berenice Reynoso aclara alcance de responsabilidad penal en nuevo Código Penal para empresas
La procuradora general adjunta, Yeni Berenice Reynoso, enfatizó que la implementación del nuevo Código Penal y la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no buscan clausurar empresas que operan bajo el marco de la ley. El propósito fundamental es establecer consecuencias claras para aquellas organizaciones que sean utilizadas como instrumentos para la comisión de delitos.
Durante su participación en el Encuentro Industrial organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Reynoso aclaró que la disolución de una entidad corporativa debe ser una medida de carácter excepcional, reservada exclusivamente para casos de extrema gravedad o cuando se compruebe que la empresa fue creada con fines ilícitos desde su origen.
El objetivo principal de la pena es lograr la reinserción social, por eso el objetivo de un proceso penal, salvo en los casos de gravedad extrema, no debe ser el cierre o la disolución de una empresa.
Yeni Berenice Reynoso, Procuradora General Adjunta
Combate a las empresas de carpeta y competencia desleal
La magistrada recordó que el sistema judicial dominicano ya posee experiencia en la sanción a personas jurídicas gracias a la legislación sobre lavado de activos. Desde el año 2020, se han disuelto cerca de 100 empresas, siendo la gran mayoría compañías de carpeta vinculadas al crimen organizado, las cuales operan como fachadas para actividades ilícitas.
Reynoso advirtió que estas estructuras criminales no solo atentan contra la seguridad nacional, sino que afectan la competitividad del sector productivo. Al evadir obligaciones tributarias y laborales, estas entidades logran ofrecer precios artificialmente bajos, perjudicando a las empresas formales que cumplen con la ley y generan empleos dignos.
Nuevas exigencias para el sector productivo
Por su parte, el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, destacó que la entrada en vigor del nuevo Código Penal marca un hito institucional que obliga al sector privado a elevar sus estándares de gestión. Según Brache, el concepto de riesgo penal empresarial ahora debe ser un pilar central en la administración de las organizaciones.
- Identificación proactiva de riesgos operativos.
- Implementación de controles internos y capacitación continua al personal.
- Habilitación de canales de denuncia efectivos.
- Documentación rigurosa de todos los procesos corporativos.
El líder empresarial subrayó que, aunque este nuevo marco legal impone mayores responsabilidades, también representa una ventana de oportunidad para fortalecer la reputación de las compañías. No obstante, hizo un llamado a que el proceso de implementación sea acompañado de una amplia labor de orientación y diálogo entre las autoridades y el empresariado, garantizando así una aplicación de la ley que sea previsible, proporcional y apegada al debido proceso.
