Venezuela reafirma su postura sobre el Esequibo y rechaza jurisdicción de la CIJ
El Gobierno de Venezuela ha ratificado su decisión de no acatar ninguna resolución emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) respecto a la disputa territorial que mantiene con Guyana por la región del Esequibo. Esta postura surge como respuesta a las recientes exhortaciones de las autoridades guyanesas, quienes instan a Caracas a someterse al próximo fallo del tribunal internacional.
El canciller venezolano, Félix Plasencia, enfatizó que el país mantiene una posición histórica inamovible al no reconocer la competencia de la CIJ para resolver este diferendo. Según el diplomático, la única vía legítima para alcanzar una solución definitiva es el diálogo directo y las negociaciones bilaterales entre ambas naciones, sin la injerencia de organismos externos.
Solo la negociación bilateral será el espacio legítimo y legal para resolver esta controversia histórica.
Félix Plasencia, Canciller de Venezuela
Divergencias diplomáticas en la ONU
El cruce de declaraciones se intensificó tras la participación de ambos países en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente de Guyana, Irfaan Ali, expresó su confianza en que el fallo de la CIJ marque una nueva etapa de estabilidad y prosperidad regional. Por su parte, la representación venezolana, encabezada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, reiteró ante el organismo internacional que los acuerdos más duraderos son aquellos alcanzados mediante el entendimiento directo entre las partes.
Contexto de una disputa histórica
- El territorio: La zona en disputa abarca aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados, una región de alto valor estratégico debido a sus vastos recursos minerales y petroleros.
- El origen del conflicto: La controversia tiene sus raíces en el Laudo Arbitral de París de 1899. Guyana defiende la validez de este proceso, mientras que Venezuela lo declaró nulo en 1962 al denunciar irregularidades.
- El marco legal: Venezuela sostiene que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el instrumento jurídico vigente para buscar una solución negociada, rechazando el proceso judicial que actualmente sigue su curso en La Haya.
A pesar de la insistencia de Guyana en que el tribunal internacional es la vía correcta para dirimir el conflicto, Venezuela se mantiene firme en su rechazo a la jurisdicción de la Corte, consolidando este tema como uno de los puntos más críticos en la agenda de política exterior de ambas naciones.
