Intensificación de operaciones migratorias: ICE reporta aumento récord de arrestos en Nueva York y Nueva Jersey
El panorama migratorio en Estados Unidos experimenta una etapa de alta actividad operativa. Datos recientes revelan un incremento sostenido en las detenciones ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), reflejando el endurecimiento de las políticas migratorias bajo la actual administración del presidente Donald Trump.
Según información recopilada, el mes de julio cerró con un total de 49,571 arrestos a nivel nacional, marcando la cifra mensual más elevada registrada durante el segundo mandato de Trump. Este número representa un ascenso notable si se considera que en junio se reportaron 43,021 detenciones y en febrero la cifra fue de 29,241, evidenciando una tendencia al alza constante en todo el territorio estadounidense.
Nueva Jersey y Nueva York: Foco de las acciones federales
En la región noreste, el impacto de estas operaciones ha sido significativo:
- Nueva Jersey: Se posiciona como uno de los estados con mayor incremento, registrando un alza del 147.6% en detenciones entre los meses de mayo y julio. Tan solo en julio, más de 2,100 personas fueron arrestadas por agentes federales, de las cuales cerca de 1,800 fueron ingresadas a centros de detención.
- Nueva York: La tendencia también es ascendente. Tras registrar 754 arrestos en abril, la cifra escaló a 1,355 en julio, lo que supone un crecimiento del 79.7% en apenas tres meses. Esta cifra es drásticamente superior a las 182 detenciones contabilizadas en diciembre de 2024.
Conflicto legal por la colaboración con ICE
Este aumento en las detenciones ocurre en un momento de tensión política en Nueva York. Desde el pasado 25 de agosto, entraron en vigor nuevas normativas estatales, como la «Local Cops, Local Crimes Act», que prohíbe a las agencias locales mantener acuerdos 287(g) con ICE. Estos convenios permitían que policías municipales actuaran bajo funciones de leyes migratorias federales.
Las autoridades estatales sostienen que los recursos de las fuerzas policiales locales deben concentrarse en combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de sus comunidades, en lugar de utilizarse para ejecutar políticas federales de inmigración civil.
La medida ha generado una respuesta judicial inmediata. Un grupo de quince alguaciles de diversos condados ha interpuesto una demanda federal para impugnar la prohibición, argumentando que se limita su capacidad de trabajo con las autoridades migratorias. Mientras tanto, la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James mantienen su postura firme en defensa de la legislación estatal, dejando este debate en manos de los tribunales estadounidenses.
