Conflicto legal: Medios franceses denuncian a Google por uso de Inteligencia Artificial
La Alianza de Prensa de Información General (APIG), organización que representa a cerca de 300 medios de comunicación en Francia, ha formalizado una denuncia ante la Autoridad de la Competencia contra el gigante tecnológico Google. El motivo central de la disputa es la implementación de herramientas de Inteligencia Artificial que resumen el contenido periodístico sin el consentimiento ni la compensación adecuada para los editores.
La federación ha calificado como una práctica desleal el despliegue de las funciones conocidas como AI Overviews y AI Mode. Según la APIG, la compañía lanzó estas herramientas sin abrir previamente una mesa de negociación, dejando a los medios ante una situación de hecho consumado que vulnera la legislación vigente.
Impacto en el tráfico digital y los ingresos
Los editores señalan que estas nuevas capacidades de búsqueda, activas en Francia desde el pasado 22 de julio, alteran significativamente la experiencia del usuario. Al priorizar los resúmenes generados por la IA, los enlaces directos a los portales de noticias quedan relegados al final de la interfaz, lo que amenaza con reducir drásticamente el tráfico web hacia los sitios de información.
- Estimaciones indican una posible pérdida de tráfico digital de entre el 33 % y el 38 %.
- La caída en las visitas impacta directamente en los ingresos publicitarios de los medios.
- La situación ha obligado a diversos grupos editoriales a considerar recortes de personal debido a la inestabilidad financiera.
Los medios denuncian que Google ha ignorado la normativa europea y francesa de 2019, la cual exige de manera obligatoria una autorización previa y una justa remuneración por el uso de contenidos protegidos por derechos de autor.
Un historial de sanciones
Esta no es la primera vez que la compañía se enfrenta a los reguladores franceses. En 2020, la Autoridad de la Competencia impuso una sanción por prácticas desleales, y en 2022, el organismo aplicó una multa de 500 millones de euros por el incumplimiento de compromisos previos. Aquella resolución forzó a la empresa a establecer acuerdos de remuneración que, en teoría, deberían mantenerse vigentes hasta el año 2027.
La APIG busca ahora que los reguladores intervengan para detener lo que consideran un atropello a la propiedad intelectual y a la sostenibilidad económica del periodismo profesional en el ecosistema digital.
