PNUD resalta avances en la transformación digital y eficiencia del sistema judicial dominicano
El sistema de justicia de la República Dominicana ha experimentado transformaciones significativas en términos de transparencia, digitalización y eficiencia operativa. Así lo confirmó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tras la presentación de su reciente informe titulado Justicia y Desarrollo Humano en la República Dominicana.
El documento, dado a conocer en un evento conjunto con el Poder Judicial en las instalaciones de la PUCMM, contó con la presencia del magistrado Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia. El análisis destaca que la modernización institucional ha permitido alcanzar una capacidad resolutiva del 94.9 %, un indicador clave del dinamismo que ha tomado el sistema en los últimos años.
Logros en la digitalización judicial
Uno de los puntos más relevantes del informe es el impacto de la tecnología en la gestión de expedientes. Entre los datos más destacados se encuentran:
- Más de tres millones de documentos han sido validados mediante firma digital.
- Aproximadamente el 66 % de los trámites judiciales ya se procesan de forma electrónica, agilizando la respuesta a la ciudadanía.
El desafío fundamental es lograr que los avances institucionales se traduzcan en un acceso efectivo y equitativo a la justicia en todo el territorio nacional.
Ana María Díaz, representante residente del PNUD
Desafíos pendientes para un acceso equitativo
A pesar de los progresos, el estudio advierte que todavía existen brechas que limitan el acceso pleno a la justicia. Factores como el nivel socioeconómico, la zona de residencia, el género y las competencias digitales de los ciudadanos siguen siendo variables que influyen en la capacidad de las personas para navegar el sistema judicial con facilidad.
Ante esta realidad, el PNUD ha formulado 11 recomendaciones estratégicas, las cuales se integran con la visión del Plan Justicia del Futuro 2034. Entre las propuestas principales destacan:
- Descentralizar y ampliar los servicios judiciales en las zonas con mayores necesidades.
- Implementar un lenguaje ciudadano más sencillo y accesible para orientar a los usuarios.
- Fomentar los mecanismos de mediación y conciliación para reducir la carga procesal.
- Mantener la atención presencial de forma paralela a los servicios digitales para no excluir a sectores vulnerables.
- Reforzar los protocolos de atención especializada para mujeres víctimas de violencia, menores de edad y personas con discapacidad.
Estas recomendaciones buscan asegurar que la transformación tecnológica no sea solo una mejora administrativa, sino un pilar que garantice la protección efectiva de los derechos fundamentales de todos los dominicanos en su cotidianidad.
