Omar Fernández advierte sobre presión migratoria en el sistema educativo dominicano
El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, ha puesto sobre la mesa una preocupación que considera crítica para el futuro del país: el impacto de la migración descontrolada en las aulas dominicanas. Según el legislador, el aumento exponencial de estudiantes haitianos en el sistema público, sumado a la disminución de alumnos dominicanos y la falta de cupos escolares, refleja una carencia de planificación estatal que requiere atención inmediata.
De acuerdo con los datos expuestos por Fernández, en los últimos 17 años la proporción de estudiantes haitianos en el sistema educativo pasó de uno por cada 100 alumnos dominicanos a uno por cada 13. Esta cifra representa un incremento del 716%, pasando de poco más de 25 mil estudiantes en 2007 a superar los 205 mil en 2025.
Estamos hablando de un incremento de 716%. Si fuera crecimiento económico sería extraordinario, pero estamos hablando de migración, una parte importante de ella irregular, y de la presión que esa realidad termina ejerciendo sobre los servicios públicos.
Omar Fernández, Senador del Distrito Nacional
Una contradicción en el sistema educativo
El senador enfatizó la disparidad en las cifras oficiales: mientras el sistema incorporó a más de 180 mil estudiantes haitianos, la matrícula de alumnos dominicanos se redujo en 141,500. Ante este escenario, cuestionó la eficacia de la gestión gubernamental, especialmente sobre el programa de bonos y cupones implementado en 2022 para trasladar estudiantes a colegios privados por falta de espacio en la educación pública.
- El 94.7% del aumento de estudiantes extranjeros corresponde a nacionales haitianos.
- El programa de bonos escolares, presentado como solución transitoria, ha visto triplicar la cantidad de niños sin cupo en tres años.
- La falta de infraestructura escolar obliga al Estado a destinar fondos públicos para comprar plazas en el sector privado.
Llamado a la responsabilidad institucional
Fernández recalcó que el reconocimiento constitucional del derecho a la educación no debe ser un cheque en blanco que exima al Estado de su obligación de controlar las fronteras. El legislador recordó que, desde su curul, ha impulsado leyes más severas contra la trata y el tráfico de personas, logrando penas de hasta 20 años de prisión para funcionarios involucrados en estos delitos.
Finalmente, el senador instó al Gobierno a dejar de lado las respuestas coyunturales y avanzar hacia una planificación estructural. Según Fernández, es imperativo que el país discuta sin evasiones cómo combinar un control migratorio firme con una expansión real de la infraestructura educativa, para garantizar que los recursos públicos se traduzcan en bienestar para los ciudadanos dominicanos.
