Nuevas regulaciones para rifas: el proyecto de ley que busca controlar los juegos de azar en RD
El panorama de los juegos de azar en la República Dominicana está próximo a experimentar cambios significativos. El proyecto de Ley de Juegos de Azar, enviado recientemente por la Cámara de Diputados al Senado de la República, establece un marco regulatorio estricto que impactará directamente a quienes organizan rifas, ya sean con fines benéficos o comerciales.
Licencia obligatoria para todo tipo de sorteos
De acuerdo con el artículo 112 de la pieza legislativa, cualquier persona física o jurídica que desee realizar un sorteo deberá contar obligatoriamente con una licencia expedida por el Consejo de Juegos de Azar. Esta disposición pone fin a la práctica común de realizar rifas informales por parte de empresas, organizaciones sin fines de lucro o iglesias sin ningún tipo de supervisión estatal.
El proyecto detalla que las condiciones, requisitos y tasas administrativas para obtener dicho permiso serán definidos mediante resoluciones del Consejo. Además, se establece un plazo de quince días tras la celebración del sorteo para el pago de las tasas ante la Tesorería Nacional; de lo contrario, se aplicará una mora del 5% mensual sobre el monto pendiente.
Sanciones severas: prisión y multas económicas
La normativa clasifica las rifas dentro de la categoría legal de juegos de azar, lo que conlleva consecuencias drásticas para quienes operen al margen de la ley. Las autoridades podrán proceder con la clausura inmediata de locales físicos y el bloqueo de plataformas digitales que promuevan sorteos no autorizados.
- Prisión menor: Quienes operen juegos de azar sin licencia enfrentan penas de 1 a 2 años de cárcel, además de multas de tres a seis salarios mínimos del sector público.
- Operaciones no autorizadas: La venta de boletos en locales sin permisos o de forma ambulatoria puede conllevar penas de 2 a 5 años de prisión y multas de nueve a quince salarios mínimos.
- Responsabilidad de entidades: Las personas jurídicas, como ONGs o iglesias, serán sancionadas directamente con el pago de las multas correspondientes a las infracciones cometidas.
El objetivo principal de esta iniciativa es ordenar, modernizar y unificar la regulación de toda la industria de apuestas en el país, un sector que ha crecido de manera acelerada y requiere mayor control institucional.
Con la apertura de la Segunda Legislatura Ordinaria, el Senado de la República tiene ahora la responsabilidad de evaluar las modificaciones realizadas por la Cámara Baja. Una vez aprobado, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación, marcando un precedente en la supervisión de las actividades de azar en el territorio nacional.
