Ministerio Público formaliza acusación contra fiscal Aurelio Valdez Alcántara por presuntos actos de corrupción
El Ministerio Público ha depositado formalmente una acusación contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, solicitando que el caso sea elevado a juicio de fondo. Al exmiembro de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) se le imputa haber utilizado su investidura para exigir dinero y bienes materiales a cambio de beneficios en una investigación penal.
Detalles del expediente
La instancia fue presentada ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional por un equipo de alto nivel del órgano persecutor, encabezado por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, el procurador adjunto Wilson Camacho y el fiscal Andrés Octavio Mena Marte. Los representantes del Ministerio Público solicitaron la fijación de la audiencia preliminar para evaluar las pruebas presentadas.
Según la investigación, los hechos se originaron durante las pesquisas sobre un presunto entramado de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Se alega que Valdez Alcántara contactó a un investigado tras un interrogatorio en diciembre del año pasado, estableciendo una comunicación posterior mediante mensajería instantánea para concretar sus exigencias.
El Ministerio Público sostiene que el acusado condicionó su ayuda a cambio de beneficios económicos, iniciando con una solicitud de 200 mil dólares, cifra que posteriormente fue rebajada a 150 mil dólares, además de requerir bienes de lujo como un reloj Rolex y un vehículo Mercedes Benz.
Situación procesal y medidas cautelares
El caso tomó un giro definitivo en marzo pasado, cuando las autoridades llevaron a cabo una entrega controlada de 10 mil dólares, lo que permitió ejecutar la orden de arresto contra el fiscal. Actualmente, Valdez Alcántara cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
La medida de coerción ha sido ratificada en diversas instancias, y el Ministerio Público ha enfatizado la importancia de mantener la prisión preventiva, así como las restricciones sobre los bienes del imputado. Los cargos presentados incluyen violaciones al Código Penal Dominicano y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Solicitud de envío a juicio de fondo.
- Prueba de entrega controlada de 10 mil dólares.
- Ratificación de prisión preventiva en Najayo.
- Acusación bajo leyes de Lavado de Activos y Código Penal.
