Reabren investigación contra Laporta y Yuste por presunta estafa
La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la investigación contra Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, y Rafael Yuste, vicepresidente, tras admitir una querella presentada por una inversora. La denunciante alega haber perdido 100.000 euros en proyectos vinculados a ambos directivos.
Esta decisión judicial revierte el archivo previo del caso y obliga a realizar nuevas diligencias para determinar si la denunciante fue víctima de un posible «negocio criminalizado».
La querellante, representada por el abogado Pepe Oriola, también dirige acusaciones contra Xavier Sala i Martín, exdirectivo del club, y contra el exdirector de TV3 y antiguo propietario del CF Reus Deportiu. Además, reclama responsabilidades a las sociedades en las que invirtió.
Esta causa se suma a otras tres querellas anteriores relacionadas con inversiones en la sociedad CSSB Limited, con sede en Hong Kong, donde Laporta ya declaró como investigado en enero.
Inicialmente, la querella ahora reabierta fue desestimada en junio, ya que la Fiscalía consideró que no había indicios claros de engaño, atribuyendo el fracaso de la inversión a una gestión deficiente y al incumplimiento de acuerdos contractuales.
Sin embargo, la Audiencia considera que los archivos previos se produjeron sin agotar las diligencias necesarias, calificando estas decisiones como «prematuras».
Posibles indicios de delito
El tribunal señala que la querella describe hechos que podrían tener «trascendencia delictiva», destacando:
- Falta de información precisa sobre el destino real de los fondos.
- Uso de sociedades con graves problemas económicos para canalizar la inversión.
- Captación de capital basada en la reputación pública de los implicados.
- Promesas de solvencia empresarial que no se ajustaban a la realidad.
- Acuerdos presentados como participaciones o préstamos participativos que, en la práctica, funcionaban como simples préstamos.
Según la sala, estos elementos podrían exceder el ámbito del derecho civil y apuntar hacia conductas compatibles con una estafa o administración fraudulenta.
La causa volverá a instrucción para completar la investigación y determinar si los hechos ameritan un procesamiento formal de los involucrados.
