Justiniano Montero ratificado como juez de la Suprema Corte de Justicia por el CNM
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) oficializó este martes la ratificación de Justiniano Montero Montero como juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Esta decisión se tomó tras finalizar satisfactoriamente el riguroso proceso de evaluación de desempeño al que fueron sometidos los magistrados del alto tribunal.
Con el cierre de este ciclo de evaluaciones, el órgano constitucional ha determinado que el proceso de selección para integrar nuevos miembros a la Suprema Corte de Justicia contará con un total de seis vacantes disponibles, marcando un paso clave en la reestructuración del sistema judicial dominicano.
Formación académica y perfil profesional
El magistrado Montero posee una sólida trayectoria académica que respalda su labor en la alta corte:
- Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
- Maestría en Sociedad Democrática, Estado y Derecho por la Universidad del País Vasco.
- Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha.
Desde su ingreso a la Suprema Corte de Justicia en abril de 2019, Montero ha desempeñado un papel fundamental al frente de la Primera Sala, instancia especializada en resolver los asuntos de carácter civil y comercial que llegan a este tribunal superior.
Compromiso con la ética y la modernización judicial
La labor de Justiniano Montero trasciende las salas de audiencia, destacándose por su constante aporte en la ética judicial y la implementación de nuevas tecnologías al servicio de la justicia.
En el plano institucional, el magistrado representa a la República Dominicana ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ), donde su rol como redactor de dictámenes ha sido clave. Adicionalmente, su compromiso con la transparencia se refleja en su participación activa en el Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial.
Asimismo, ha liderado iniciativas estratégicas como el Comité de Implementación de la Ley 339-22, la cual regula el uso de medios digitales en el Poder Judicial, impulsando así la transformación tecnológica de la administración de justicia en el país.
