Exigen justicia tras ola de atracos en establecimiento comercial
El ciudadano Camilo Guzmán, propietario del negocio Cami Vaper y Smoker, ha alzado su voz ante las autoridades tras ser víctima de dos asaltos consecutivos perpetrados, presuntamente, por los mismos individuos. El joven empresario busca que se haga justicia y se garantice la seguridad de su entorno tras recibir amenazas directas.
Según el relato de la víctima, el primer incidente ocurrió el pasado 30 de agosto al salir de un centro de diversión nocturna, donde fue interceptado por dos hombres identificados como Mario y Jarol. En dicho episodio, Guzmán fue despojado de 50 mil pesos en efectivo, documentos personales, un teléfono celular y una prenda de valor.
Un segundo ataque directo al negocio
Lejos de cesar en sus actos, los sospechosos habrían irrumpido el 7 de septiembre en el establecimiento comercial de Guzmán. Durante este segundo atraco, el empresario, su pareja, una empleada y otros clientes fueron víctimas de los desaprensivos.
- Sustracción de 19 mil pesos al propietario.
- Robo de dinero en efectivo y un iPhone 15 a la pareja de Guzmán.
- Despojo de 15 mil pesos a una empleada del local.
- Pérdida de dispositivos móviles de otros presentes en el negocio.
Quiero que se haga justicia y que aparezcan los responsables de los hechos. Trabajo para sostener a mi familia y solo busco recuperar lo que me han quitado.
Camilo Guzmán, afectado.
Medidas legales y amenazas
Guzmán asegura poseer pruebas contundentes, incluyendo grabaciones de las cámaras de seguridad, que facilitarán la labor de los investigadores. No obstante, el joven denunció que ha recibido amenazas de muerte con el objetivo de intimidarlo para que desista del proceso judicial, advirtiéndole sobre posibles ataques armados contra su negocio.
En respuesta a la denuncia, el Ministerio Público solicitó formalmente una orden de arresto contra los señalados, Mario y Jarol. La jueza Karen G. Casado Minyety, de la Jurisdicción de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo, acogió la petición tras valorar los elementos probatorios presentados.
La magistrada ha instruido que, una vez se ejecuten las detenciones, se respeten los derechos fundamentales de los imputados, quienes deberán ser puestos a disposición de la justicia dentro de los plazos establecidos por la Constitución.
