Justicia en Colombia frena plan piloto de fumigación aérea en Putumayo
El Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo, ha dictado una medida provisional que detiene el plan piloto de fumigación aérea propuesto por el Gobierno colombiano. Esta iniciativa buscaba retomar el uso de aeronaves para la erradicación de cultivos ilícitos, una práctica que había permanecido suspendida durante años debido a serias preocupaciones de salud pública y ambiental.
La decisión judicial responde a una acción de tutela interpuesta por un ciudadano, la cual pone en pausa las actividades de aspersión programadas en la región. El proyecto gubernamental pretendía utilizar glufosinato de amonio, un herbicida clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como moderadamente peligroso y cuya aplicación no está permitida en la Unión Europea.
Detalles de la iniciativa suspendida
El plan del Gobierno estaba diseñado bajo un esquema experimental, limitado y de carácter temporal. De acuerdo con las proyecciones iniciales, la intervención pretendía cubrir hasta 1,000 hectáreas en un periodo máximo de siete días. Las autoridades argumentaban que el propósito no era una reactivación total de las fumigaciones, sino la recolección de evidencia científica sobre la eficacia del producto y su impacto en el entorno.
Contexto histórico de la erradicación en Colombia
- En 2015, bajo la administración de Juan Manuel Santos, se suspendió el uso de glifosato tras alertas sanitarias.
- La Corte Constitucional ratificó esta suspensión años más tarde, priorizando la salud de las comunidades campesinas.
- Desde entonces, el país ha centrado sus esfuerzos en la erradicación manual y en programas de sustitución voluntaria de cultivos.
La posibilidad de volver a implementar la aspersión aérea ha sido un tema de intenso debate en Colombia. Mientras el Estado busca nuevas herramientas para combatir la expansión de los cultivos de uso ilícito, las comunidades y las autoridades judiciales mantienen una postura vigilante sobre los riesgos que estas sustancias podrían representar para el ecosistema y la integridad física de los habitantes en las zonas intervenidas.
