Condenan a 12 años de prisión a jefe policial por tentativa de homicidio en Costa Rica
Un tribunal costarricense ha dictado una sentencia de 12 años de prisión contra un jefe policial, identificado como Miranda Morales, tras ser hallado culpable del delito de tentativa de homicidio calificado. El suceso ocurrió en octubre de 2019 en Costa de Pájaros, Puntarenas, cuando el agente disparó en dos ocasiones contra un hombre que se encontraba bajo custodia policial.
La Fiscalía Adjunta de Puntarenas logró demostrar durante el juicio que el uso del arma de reglamento por parte del oficial no estaba justificado bajo ninguna circunstancia. El hecho tuvo lugar mientras los agentes esperaban para realizar un allanamiento; en ese momento, el detenido, quien ya estaba esposado con las manos hacia atrás, intentó emprender la huida corriendo.
El tribunal determinó que la actuación del oficial no fue proporcional, ya que el detenido no representaba una amenaza inmediata para la integridad física de los agentes ni de terceros al momento de los disparos.
Detalles de la agresión y el proceso judicial
Según los informes presentados, uno de los proyectiles impactó en el tórax de la víctima, causándole lesiones graves que comprometieron su sistema digestivo. El tribunal fue enfático en señalar que, al estar el sujeto esposado y huyendo de espaldas, el uso de fuerza letal fue una acción desmedida y contraria a los protocolos de actuación policial.
- Sentencia: 12 años de prisión por tentativa de homicidio calificado.
- Medidas cautelares: El condenado debe presentarse periódicamente ante las autoridades y tiene prohibida la salida del país hasta que la sentencia adquiera firmeza.
- Trayectoria: Miranda Morales contaba con más de dos décadas de servicio y ocupaba el cargo de jefe de la Delegación de la Fuerza Pública de Chomes al momento del incidente.
Es importante destacar que, de manera paralela, la persona que recibió los disparos también enfrentó su propio proceso judicial, siendo condenada por el homicidio que motivó su detención inicial en 2019. Sin embargo, las autoridades judiciales aclararon que ambos casos son independientes y responden a responsabilidades penales distintas.
Este caso sienta un precedente significativo sobre los límites en el uso de la fuerza y la responsabilidad estatal cuando un individuo se encuentra bajo custodia. La sentencia aún debe completar las etapas procesales necesarias para su ejecución definitiva, manteniéndose el proceso bajo el expediente número 19-001686-431-PE.
