Moisés Ayala enfrenta restricciones por nuevas normativas de Contrataciones Públicas
El senador por la provincia de Barahona, Moisés Ayala Pérez, se encuentra nuevamente en el centro de la atención pública tras la reciente decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). La entidad ha procedido a inhabilitar de oficio diversos registros de proveedores del Estado, una medida que alcanza a diez senadores en funciones, incluido el legislador barahonero.
Esta acción responde a la aplicación del Acto Administrativo DGCP44-2026, el cual se fundamenta en los lineamientos de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento 52-26. Dicho marco legal impone una prohibición absoluta para que legisladores y altos funcionarios mantengan vínculos contractuales con instituciones estatales durante su gestión y hasta seis meses después de finalizar su mandato.
El historial de contrataciones bajo análisis
La situación de Ayala Pérez destaca por su historial previo con la empresa Eco Petróleo Dominicana, firma en la que tanto el senador como su esposa poseen participación accionaria. Datos analizados por Alofoke Deportes revelan que esta compañía fue beneficiada con adjudicaciones estatales que superan los RD$1,925 millones.
Las adjudicaciones estatales a favor de empresas vinculadas al legislador no cesaron tras su ascenso al cargo de senador en agosto de 2024, manteniéndose activas hasta marzo de 2026, poco antes de la intervención de la DGCP.
Otros vínculos empresariales
Además de Eco Petróleo, los registros oficiales vinculan al legislador con otras entidades que han operado con el Estado. Entre ellas figura el Instituto de Medicina Popular, S.A., empresa que recibió una adjudicación por un valor de RD$400,000 otorgada por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) en junio de 2021.
- El contrato con CONANI fue gestionado mediante un proceso de excepción por exclusividad.
- El objeto del servicio consistió en una intervención médica especializada para un menor de edad.
- La DGCP busca con estas medidas garantizar la transparencia y evitar conflictos de intereses en la administración pública.
Con la implementación de este régimen de inhabilidades más estricto, las autoridades procuran establecer una separación clara entre el ejercicio de la función legislativa y la participación comercial como proveedores del Estado, marcando un precedente en la gestión pública dominicana.
