José Martínez Hoepelman aboga por despenalizar los delitos de palabra en el debate público
El reconocido jurista José Martínez Hoepelman ha puesto sobre la mesa la necesidad de que la República Dominicana avance hacia una legislación que despenalice los denominados delitos de palabra, específicamente cuando las opiniones emitidas guardan relación con asuntos de interés estatal o temas de relevancia social. Su postura fue presentada durante su participación en la tercera entrega de RD Debate, donde analizó los límites actuales de la libertad de expresión en el país.
Para Hoepelman, la fortaleza de una democracia reside en la capacidad de los ciudadanos para expresarse libremente sin el temor constante a repercusiones penales derivadas de críticas hacia la gestión pública. El abogado enfatizó que el derecho penal no debería ser utilizado como un mecanismo para silenciar el escrutinio ciudadano, sino que debe enfocarse en proteger otros bienes jurídicos más sensibles.
Debe despenalizarse el delito de la palabra cuando tenga que ver con cuestiones del Estado. Para poder tener un Estado democrático fuerte, la libertad de expresión debe apoyarse.
José Martínez Hoepelman
La doble dimensión de la libertad de expresión
Durante su intervención, el especialista detalló que la libertad de expresión no puede entenderse de manera aislada. Según Hoepelman, este derecho posee una doble dimensión esencial:
- La facultad individual de emitir opiniones y juicios de valor.
- El derecho colectivo de la ciudadanía a buscar, recibir y contrastar información para formar su propio criterio sobre los asuntos que impactan a la nación.
Bajo esta premisa, el jurista sostiene que las críticas, por más fuertes o incómodas que resulten para los funcionarios públicos, deben contar con una protección jurídica amplia. El experto subrayó que, aunque el nuevo Código Penal intenta introducir distinciones en esta materia, el país aún se encuentra lejos de las tendencias internacionales que buscan retirar los delitos de palabra del ámbito estrictamente penal.
Límites y desafíos legales
Al ser cuestionado sobre dónde termina el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, Hoepelman aclaró que la intervención penal debería reservarse únicamente para casos que afecten de manera directa la vida privada de las personas, estableciendo una línea divisoria clara respecto al debate público. El principal reto legislativo sigue siendo evitar que las normas vigentes sobre difamación e injuria se conviertan en herramientas de censura contra el debate democrático.
Este análisis se desarrolla en un momento crucial, mientras el país debate las nuevas disposiciones contenidas en el Código Penal. La jornada de reflexión contó con la moderación de Eduardo Saint Hilaire, junto a la participación de Jaime Rincón y Víctor Gómez Casanova, en un espacio dedicado al análisis de los pilares que sostienen el desarrollo institucional de la República Dominicana.
