Fuerza del Pueblo exige mayor inversión y transparencia en la educación para estudiantes neurodivergentes
La Secretaría de Neurodiversidad e Inclusión del partido Fuerza del Pueblo ha levantado su voz ante el inicio del año escolar 2026-2027, reclamando al Gobierno dominicano acciones concretas y una inversión real que garantice el derecho a la educación de los estudiantes neurodivergentes. Ante el anuncio de millonarios fondos destinados a diversos programas educativos, la organización política cuestiona el impacto real de estos recursos en el sector de la población con condiciones especiales.
Maxi Feliz, titular de dicha secretaría y reconocida defensora de los derechos de las personas neurodivergentes, instó al Ministerio de Educación (MINERD) a transparentar la ejecución presupuestaria. La dirigente señaló que, si bien se reportan avances en la atención de solicitudes de cupos y el otorgamiento de bonos, persiste una incertidumbre sobre cuántos niños y adolescentes siguen a la espera de un entorno escolar que realmente responda a sus necesidades específicas.
El desafío de la verdadera inclusión
Feliz enfatizó que la inclusión va mucho más allá de otorgar un cupo en un aula cualquiera. Según la representante de la Fuerza del Pueblo, el sistema debe enfocarse en la calidad y el soporte especializado:
Un cupo no es inclusión. Colocar a un niño en cualquier aula para sumarlo a una estadística no garantiza su derecho a la educación. Hay estudiantes que necesitan personal capacitado, adecuaciones, apoyos educativos y entornos capaces de responder a sus necesidades para poder permanecer, aprender y desarrollarse.
Maxi Feliz, Secretaría de Neurodiversidad e Inclusión de la FP.
Demandas clave para la comunidad
La organización política ha planteado una serie de interrogantes y exigencias fundamentales para el Ministerio de Educación, subrayando que la inversión no debe limitarse únicamente a útiles escolares:
- Transparencia en las cifras: Claridad sobre cuántos estudiantes neurodivergentes han sido atendidos exitosamente y cuántos permanecen fuera del sistema.
- Infraestructura y formación: Priorizar la creación de espacios adaptados y la capacitación docente especializada en lugar de enfocarse solo en insumos básicos.
- Ley 34-23: Exigir el presupuesto necesario para la implementación efectiva de la Ley de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista.
- Equidad en el apoyo: Cuestionar por qué el Estado puede financiar plazas en centros privados para miles de estudiantes, pero no ha diseñado un plan concreto y masivo para los niños neurodivergentes que aún no encuentran respuesta.
Finalmente, desde la Fuerza del Pueblo se hizo un llamado a integrar la neurodiversidad desde el diseño mismo de cualquier nuevo modelo educativo. Para el partido, la educación dominicana no puede hablar de transformación si no contempla, desde su planificación inicial, la infraestructura y los apoyos necesarios para una integración real, sostenible y financiada.
