Operación COBRA 2.0-A: Revelan esquema de fraude millonario en servicios médicos
El Ministerio Público ha sacado a la luz detalles contundentes sobre la investigación denominada COBRA 2.0-A, la cual destapa un esquema de irregularidades en la gestión de servicios médicos que asciende a una cifra millonaria. Según los datos recopilados, un total de 4,363 autorizaciones fueron tramitadas de manera ilícita a través de tres líneas telefónicas vinculadas al caso.
El monto acumulado por estas operaciones fraudulentas alcanza los RD$41,125,551.02. De acuerdo con el expediente judicial, estos procedimientos comprendían principalmente cirugías menores ambulatorias y consultas de diversas especialidades, realizados en un periodo comprendido entre el 28 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025.
El origen de la investigación
Las autoridades iniciaron las indagatorias tras una denuncia formal presentada por la ARS SeNaSa el pasado 28 de noviembre de 2024. La entidad reportó haber recibido alertas sobre anomalías en el sistema de autorizaciones, lo que dio paso a una exhaustiva auditoría interna y posterior investigación penal.
El modus operandi consistía en el uso indebido de los datos personales de afiliados reales. En muchos de los casos documentados, los pacientes negaron rotundamente haber solicitado o recibido los servicios médicos que figuraban en los registros oficiales.
Detalles del esquema operativo
- Participación interna: Se señala a Ángel Luís Guzmán Vásquez, quien laboró como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de SeNaSa entre marzo de 2021 y noviembre de 2022, como una pieza clave que conocía los protocolos internos de la institución.
- Red de complicidad: El esquema habría involucrado a una estructura de empleados y exempleados de la aseguradora en coordinación con profesionales de la salud.
- Facturación falsa: Las autorizaciones fraudulentas servían como soporte técnico para procesar reclamaciones y obtener pagos por servicios que, en la realidad, nunca fueron ejecutados.
El Ministerio Público sostiene que el conocimiento profundo de los protocolos de autorización permitió a los involucrados evadir los controles habituales para facilitar el cobro irregular de servicios médicos no prestados.
El caso continúa bajo el escrutinio de las autoridades, quienes buscan determinar el alcance total de la red y establecer las responsabilidades penales correspondientes para los implicados en este fraude que afecta el sistema de salud pública.
