Sistema eléctrico dominicano: El impacto de un posible desmonte en los subsidios
El sistema eléctrico de la República Dominicana se encuentra nuevamente en el centro del debate económico. Un análisis reciente sobre la estructura de costos sugiere que los más de 3.3 millones de usuarios activos podrían enfrentar incrementos significativos en sus facturas mensuales, alcanzando hasta un 100% de su valor actual, en caso de que el Gobierno decida retirar los subsidios que actualmente sostienen al sector.
Desafíos financieros y déficit operativo
La preocupación surge tras evaluar el rendimiento financiero de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) durante el primer semestre de 2026. Los datos revelan un déficit operativo preocupante:
- Compras de energía: Entre enero y mayo de 2026, las EDE adquirieron energía por un valor de US$1,300 millones.
- Facturación y cobro: En el mismo periodo, solo se facturaron US$814.84 millones y se recaudaron US$774.35 millones.
- Déficit generado: La brecha financiera alcanzó los US$485.29 millones, cifra que se traduce en aproximadamente RD$28,428 millones en solo cinco meses.
Esta carga fiscal, que es asumida por el Estado a través de los impuestos de los ciudadanos, ha reactivado la discusión sobre la sostenibilidad del modelo actual, donde el costo de compra del kilovatio-hora (RD$9.20 en promedio) supera en muchos estratos al precio final facturado al consumidor.
El Gobierno ha transferido al sector eléctrico unos RD$79,577 millones al 20 de agosto, según los reportes oficiales de la Dirección General de Presupuesto.
Antecedentes y el futuro del Pacto Eléctrico
La posibilidad de ajustar las tarifas no es una iniciativa reciente. El Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2021-2030 ya contemplaba el desmonte progresivo de los subsidios. Sin embargo, dicho plan fue pausado anteriormente debido al impacto social y económico derivado de la inflación post-pandemia.
Actualmente, el tema cobra vigencia a través del Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028, documento impulsado por el Ministerio de Hacienda que aboga por la implementación de tarifas más competitivas y ajustadas a la realidad del mercado. Desde abril de 2026, la Superintendencia de Electricidad ha instruido a las distribuidoras a transparentar en la factura el costo real de la energía frente al monto subsidiado, preparando el terreno para una eventual transición en la política tarifaria del país.
