Caso Julio Iglesias: ONG solicita intervención de la ONU ante denuncias de exempleadas
La organización Women’s Link ha elevado una comunicación urgente ante diversos mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), buscando protección y garantías judiciales para dos extrabajadoras del cantante Julio Iglesias. Las denunciantes, quienes han optado por identificarse bajo los nombres ficticios de Rebeca y Laura, sostienen haber sido víctimas de abusos mientras prestaban sus servicios en las propiedades del artista ubicadas en República Dominicana y Bahamas durante el año 2021.
Esta acción ante el organismo internacional sigue a la querella formal interpuesta el pasado 3 de septiembre ante el Tribunal Central de Instancia en España. La organización, que representa legalmente a las mujeres, busca asegurar que el Estado español cumpla con su deber de investigar los hechos con una perspectiva de género interseccional, evitando que las barreras migratorias o económicas impidan el acceso a la justicia.
Preocupación por posibles represalias
La gravedad de los hechos denunciados, la posición de poder económico y social del querellado, así como la actual falta de protección del Estado, incrementan la situación de vulnerabilidad de las denunciantes.
Women’s Link
Uno de los puntos clave de la solicitud es la implementación de medidas urgentes de protección para las víctimas, sus familias y posibles testigos del caso, debido al temor latente a represalias por parte del entorno del artista. La entidad recalca que, dada la posición de poder del denunciado, es fundamental que el Estado garantice una investigación efectiva e independiente.
Postura de la defensa y antecedentes judiciales
Por su parte, el equipo legal de Julio Iglesias, encabezado por el abogado José Antonio Choclán, ha manifestado que no cuentan con notificación formal de la querella. Asimismo, la defensa ha reiterado que, en instancias previas, ya se había determinado la falta de jurisdicción de los tribunales españoles para abordar sucesos ocurridos fuera del territorio nacional.
El antecedente inmediato se remonta a enero de 2026, cuando la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó una denuncia previa interpuesta por las mismas trabajadoras, argumentando la ausencia de competencia jurisdiccional sobre los hechos acontecidos en el extranjero. Ante esta situación, Women’s Link hace un llamado a la ONU para evitar que se repitan fallos en la diligencia debida, citando resoluciones previas de organismos internacionales que han cuestionado el desempeño del Estado español en casos de protección a mujeres vulnerables.
