Legisladores respaldan autoridad de la JCE frente a encuestas electorales fuera de plazo
Diputados de diversas bancadas han manifestado su firme respaldo a la Junta Central Electoral (JCE) tras las acciones emprendidas contra firmas encuestadoras que han difundido sondeos de contenido electoral fuera de los periodos permitidos por la ley. Los legisladores coinciden en que el órgano comicial tiene la responsabilidad de hacer valer las normativas vigentes para garantizar la transparencia y el orden del sistema democrático.
La controversia surgió luego de que la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales y Medidas Cautelares de la JCE notificara cargos formales contra el Centro Económico del Cibao y ACD Media. Estas entidades son señaladas por publicar estudios de opinión pública con fines electorales, contraviniendo el reglamento que regula los tiempos de precampaña y campaña.
Voces a favor del control electoral
El diputado Pedro Martínez, representante de Alianza País, enfatizó la necesidad de que la JCE cuente con los mecanismos legales necesarios para ejercer su autoridad. Según Martínez, la falta de controles oportunos podría comprometer la legitimidad de los procesos electorales en el país.
Yo soy partidario de que el órgano electoral disponga de los mecanismos legales que le permitan garras en el proceso electoral. Es probable que la ley electoral necesite modificaciones que otorguen más fuerza para imponer el orden.
Pedro Martínez, diputado
Por su parte, el diputado de la Fuerza del Pueblo, José David Báez, subrayó que las resoluciones emitidas por la Junta deben ser acatadas mientras se encuentren vigentes. Báez sostuvo que, independientemente de que existan cuestionamientos legales, la autoridad del órgano rector debe ser respetada hasta que los tribunales competentes emitan un fallo definitivo.
Voces discrepantes: el debate sobre la libertad de medición
En una postura distinta, el senador Moisés Ayala defendió la labor de las firmas encuestadoras. Ayala argumentó que, al encontrarse a dos años de los próximos comicios, no se debería limitar el derecho de estas instituciones a realizar mediciones de opinión pública.
- Ayala sostiene que medir el posicionamiento de figuras políticas no es una acción ilegal.
- El senador considera que las instituciones privadas tienen derecho a realizar estudios sobre la realidad nacional.
- Defiende que las disposiciones administrativas deben ajustarse estrictamente a lo que dicta la legislación vigente.
Detalles de los procesos administrativos
La JCE fundamenta sus medidas en el artículo 13 del reglamento electoral, que prohíbe explícitamente la difusión de encuestas con fines políticos fuera de los plazos establecidos. El caso más reciente involucra una publicación realizada por el Centro Económico del Cibao el pasado 6 de agosto. Asimismo, el órgano electoral mantiene bajo investigación otros dos estudios de opinión atribuidos a ACD Media, los cuales habrían sido publicados el 1 de junio y el 13 de julio de 2026.
