La Audiencia Provincial de Valladolid ha emitido una sentencia condenatoria contra cinco individuos por un delito de odio, tras los insultos proferidos a Vinicius Jr. durante un partido de fútbol.
Condena por insultos racistas
Cada uno de los acusados ha sido sentenciado a un año de prisión por los actos ocurridos el 30 de diciembre de 2022 en el Estadio José Zorrilla de Valladolid.
Los acusados ratificaron su culpabilidad, aceptando la pena impuesta tras un acuerdo entre las partes.
Detalles del incidente
Los hechos se desarrollaron durante el encuentro entre el Real Valladolid CF y el Real Madrid CF, en la jornada 15 de LaLiga Santander. Los insultos se produjeron alrededor del minuto 88, cuando Vinicius Jr. se dirigía al banquillo tras ser sustituido.
Las expresiones insultantes fueron grabadas por aficionados y difundidas en redes sociales.
Los insultos fueron proferidos con la indudable intención de humillar y lesionar la dignidad del jugador por evidentes motivos racistas.
Conclusiones provisionales de la Fiscalía
Consecuencias y repercusiones
Estos actos generaron una gran repercusión pública, tanto a nivel nacional como internacional.
Vinicius Jr. renunció a recibir una indemnización por los daños sufridos. Los acusados, por su parte, reconocieron los hechos, admitieron el componente racista de sus expresiones y se disculparon.
Como parte del acuerdo, los acusados se comprometieron a no asistir a partidos de fútbol en estadios públicos durante el período de suspensión de la condena.
Sentencia y medidas adicionales
La sentencia incluye una condena por cinco delitos de odio y contra la discriminación, resultando en un año de prisión para cada acusado.
Además, cuatro de los procesados deberán pagar una multa de nueve meses a razón de seis euros diarios (1.620 euros), y el quinto, una multa de nueve meses a razón de cuatro euros (1.080 euros).
La Audiencia también impuso la inhabilitación especial para ejercer profesiones u oficios educativos, deportivos y de tiempo libre por un período superior a tres años.
La ejecución de la pena de cárcel ha sido suspendida por tres años, durante los cuales los acusados deberán evitar cometer nuevos delitos, estar a disposición del tribunal y comunicar cualquier cambio de domicilio.
