Colegio de Abogados y ADP se alistan para impugnar puntos del nuevo Código Penal
El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Vidal Potentini, anunció que la entidad brindará su respaldo legal a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) para presentar una acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones del nuevo Código Penal. Según el gremio, ciertos artículos podrían vulnerar el ejercicio docente y generar situaciones de inseguridad jurídica en los centros educativos.
Potentini manifestó que el gremio ha realizado un análisis exhaustivo de la pieza legislativa, concluyendo que algunas de sus normas podrían entorpecer el desarrollo natural de la enseñanza. El jurista cuestionó la decisión de incluir conductas específicas dentro del ámbito escolar que, a su juicio, debieron tratarse desde una perspectiva general.
Se ha criminalizado en muchos sentidos, porque temas que no debieron haber sido, sino tener un tratamiento general, ha sido especificado y se ha llevado al ámbito educativo sin necesidad.
Trajano Vidal Potentini, presidente del CARD
Preocupación por la ambigüedad legal
Uno de los puntos críticos señalados por el presidente del CARD es la existencia de tipos penales abiertos. Esta característica, advierte, permitiría interpretaciones subjetivas que podrían derivar en procesos judiciales innecesarios contra los maestros por situaciones inherentes a su desempeño profesional.
- Responsabilidades estatales: Potentini advierte que el Código traslada a los docentes obligaciones que, por naturaleza, corresponden al Estado.
- Riesgos para el magisterio: La amplitud de la redacción normativa expone a los educadores a ser perseguidos penalmente por gestos o acciones mal interpretadas.
- Necesidad de equilibrio: El gremialista sostiene que, si bien la protección estudiantil es prioritaria, debe existir una garantía para quienes ejercen la labor magisterial.
Hacia el Tribunal Constitucional
El Colegio de Abogados ha enfatizado que el impacto de esta reforma trasciende al sector magisterial, afectando al conjunto de la sociedad dominicana. Por ello, instan a que el Tribunal Constitucional sea el órgano encargado de dirimir las controversias planteadas.
Actualmente, el CARD y la ADP trabajan en la estructuración de los expedientes que sustentarán el recurso de inconstitucionalidad. Esta iniciativa se suma a las acciones legales que el Colegio de Abogados ya ha emprendido anteriormente contra otros artículos específicos de la normativa, como el artículo 310, en su búsqueda por asegurar una legislación penal justa, clara y equilibrada para todos los sectores del país.
