Caso Cobra: Ministerio Público busca prórroga para profundizar investigaciones en SeNaSa
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene programado para este viernes conocer la solicitud presentada por el Ministerio Público, la cual busca extender por cuatro meses el plazo de investigación en torno al denominado caso Cobra, proceso judicial que involucra un supuesto desfalco millonario en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El magistrado Deiby Peguero será el responsable de evaluar la petición del órgano persecutor. El objetivo principal de esta extensión es contar con el tiempo necesario para completar diligencias procesales pendientes, así como finalizar el análisis exhaustivo de la documentación recopilada durante los operativos realizados en el marco de las pesquisas contra la estructura que habría operado en perjuicio de los fondos estatales.
Posibles nuevas imputaciones
Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, ha dejado claro que el proceso podría tomar un nuevo rumbo. Según indicó el funcionario, a medida que avanzan las investigaciones, existe la posibilidad real de que se presenten nuevas imputaciones y se vinculen a más personas al expediente, ampliando así el alcance de la acusación formal que el Ministerio Público se prepara para depositar.
La investigación apunta a una estructura que, de acuerdo con la acusación preliminar, habría ocasionado un perjuicio superior a los RD$15 mil millones al Estado dominicano, mediante una compleja red de operaciones ilícitas.
Alofoke DeportesDetalles del expediente y los implicados
El caso Cobra mantiene bajo la lupa a Santiago Marcelo Hazim, exdirector de SeNaSa, quien figura como el principal señalado. Junto a él, el expediente incluye a las siguientes personas:
- Gustavo Enrique Messina Cruz
- Germán Rafael Robles Quiñones
- Francisco Iván Minaya Pérez
- Rafael Luis Martínez Hazim
- Ramón Alan Speakler Mateo
- Ada Ledesma Ubiera
- Eduardo Read Estrella
- Cinty Acosta Sención
- Heidi Mariela Pineda Perdomo
A los encartados, quienes cuentan con medidas de coerción impuestas desde diciembre de 2025, se les atribuyen diversos delitos penales, entre ellos coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos y lavado de activos.
Contexto de la audiencia
Esta sesión judicial llega tras un aplazamiento previo, programado originalmente para el 19 de agosto, el cual fue pospuesto debido al fallecimiento del padre de uno de los abogados de la defensa. En aquella ocasión, la atención pública se centró en el estado físico de Santiago Marcelo Hazim, quien requirió asistencia de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR) para movilizarse en el tribunal, mostrando un aspecto notablemente desmejorado.
Este viernes, el tribunal determinará si otorga el tiempo solicitado por el Ministerio Público, lo que marcaría un paso crucial para definir la ruta hacia el juicio de fondo en uno de los casos de corrupción administrativa de mayor impacto económico en la gestión de salud pública reciente.
