José Martínez Brito cuestiona la veracidad de las cifras migratorias y su impacto en el sistema escolar dominicano
El abogado y comunicador José Martínez Brito ha puesto en tela de juicio la coherencia de las estadísticas oficiales presentadas por la Dirección General de Migración. Durante su participación en el programa Esto No Es Radio, el analista señaló una contradicción evidente entre el elevado número de deportaciones reportadas y el incremento sostenido de estudiantes de nacionalidad haitiana en las escuelas públicas del país.
Brito basó sus dudas en los datos proporcionados por las autoridades migratorias, los cuales indican que en lo que va de año se han registrado aproximadamente 250,000 deportaciones y repatriaciones. Al desglosar esta cifra, el comunicador subrayó que esto equivaldría a más de mil personas expulsadas diariamente, un volumen que, a su juicio, resultaría imposible de ocultar en los puntos fronterizos.
Yo quisiera saber si eso puede pasar desapercibido, porque deportar mil personas diarias debe generar un escándalo en cualquier frontera que eso ocurra.
José Martínez Brito, comunicador
Contraste con la matrícula escolar
El punto central de la crítica de Brito radica en la presión que este flujo migratorio ejerce sobre el sistema educativo nacional. Según los datos expuestos, la matrícula de estudiantes haitianos ascendió de 186,000 en el periodo 2023-2025 a 205,000 para el año escolar 2026, lo que representa un incremento de más de 18,000 alumnos extranjeros.
- Proporción actual: Uno de cada 11 estudiantes en escuelas públicas es de origen haitiano.
- Déficit local: Se reporta una disminución de 23,000 estudiantes dominicanos en el sistema formal para el presente año escolar.
- Problema de cupos: El comunicador cuestionó si la baja en la escolaridad dominicana responde realmente a una deserción o a la falta de plazas disponibles frente a la alta demanda de extranjeros.
Críticas al Bono Mil y la gestión de recursos
Además de la situación migratoria, Martínez Brito arremetió contra el programa de incentivo escolar que otorga mil pesos por estudiante. Calificó esta medida como una inversión ineficiente que representa un desembolso de unos 1,200 millones de pesos sin un retorno social claro.
El abogado denunció, citando testimonios del sector educativo, que existen casos donde los padres inscriben a sus hijos para percibir el incentivo económico sin garantizar la asistencia regular de los menores a las aulas. Según Brito, este tipo de políticas públicas carecen de mecanismos de supervisión adecuados, lo que termina agravando la crisis de credibilidad institucional que, a su entender, atraviesa el Estado dominicano.
